Chile cuenta con una nueva normativa que regula el funcionamiento de la seguridad privada en el país. La Ley N°21.659 busca modernizar este sector, estableciendo reglas más claras para empresas de seguridad, guardias y organizaciones que utilizan estos servicios.

Entre los principales cambios, la normativa fortalece la coordinación entre la seguridad privada y la seguridad pública, además de exigir mayores estándares de capacitación y certificación para el personal que desempeña funciones de vigilancia. También se establecen nuevos mecanismos de supervisión y registro para las empresas del rubro.

La ley entrega a la Subsecretaría de Prevención del Delito un rol central en la autorización, fiscalización y control de las empresas de seguridad privada y de quienes trabajan en este ámbito. Con ello, se busca ordenar la industria, aumentar la transparencia y mejorar la protección tanto de los trabajadores como de las personas y bienes que resguardan.

Esta nueva regulación también promueve el uso de tecnologías de seguridad, la elaboración de planes de seguridad según el nivel de riesgo de cada instalación y mayores responsabilidades para las organizaciones que contratan servicios de vigilancia.

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